EDITORIAL

La complejidad de la intervención pública exige que los Estados, en sus distintos niveles de descentralización, empleen herramientas más eficaces, que les permitan lograr el objetivo de alcanzar una mayor calidad de los bienes y servicios que prestan a la sociedad, y más eficientes, haciendo que esa mejora de calidad no implique un aumento de los ingresos del fisco.