EDITORIAL

La complejidad de la intervención pública exige que los Estados, en sus distintos niveles de descentralización, empleen herramientas más eficaces, que les permitan lograr el objetivo de alcanzar una mayor calidad de los bienes y servicios que prestan a la sociedad, y más eficientes, haciendo que esa mejora de calidad no implique un aumento de los ingresos del fisco.

La complejidad de la realidad en la que se desarrollan las políticas públicas justifica el origen de la Evaluación de Políticas Públicas, área de investigación aplicada que pretende valorar la bondad socioeconómica de las intervenciones que las administraciones públicas ponen en marcha para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El proceso de globalización desarrollado en las dos últimas décadas ha comportado importantes cambios al planeta en todas las áreas del conocimiento conocidas. La manifestación de estos cambios, los cuales son cada vez más intensos y se producen con mayor frecuencia, unido a la creciente interrelación de los problemas (más que las ventajas) entre los países y regiones, hacen que la sociedad actual sea mucho más ininteligible de lo que ha sido hasta la actualidad.

Las sociedades adolecen, por tanto, de problemas cada vez más complejos, cuyas causas estriban en factores no sólo endógenos -fruto de las circunstancias de su terreno próximo e inmediato -sino también exógeno, sobrevenido por la creciente influencia de unos territorios sobre otros. Los estados han cambiado hacia un paradigma en el que son ellos los que poseen los artilugios, básicamente legislativos y fiscales, que aseguren el bienestar general.

Ello se plasma en la articulación de políticas públicas, las cuales encuentran, sin embargo, dos importantes restricciones. Por una lado, la refractariedad fiscal que caracteriza a la mayoría de las sociedades actuales, que exige a los gobiernos menor presión fiscal y mayor calidad de los servicios públicos. Por otro lado, la limitada licitud de una intervención pública que se adentre en el ámbito de actuación del mercado privado, la cual viene determinada por la garantía de consecución de unos objetivos sociales que únicamente el Estado puede suministrar.

En este marco, la evaluación de las políticas, y en concreto las de empleo, buscan identificar los instrumentos que permitan alcanzar mayor eficiencia de los recursos, y la difusión de las buenas prácticas, como vehículo para la transferencia y el aprendizaje mutuo para mejorar la convergencia hacia los principales objetivos de la Unión Europea.